El Cermi propone en concreto en un comunicado que el Fondo Extraordinario, con un importe de 15 millones de euros, se distribuya de forma proporcional a su peso en el programa entre las organizaciones designadas como organismos intermedios en el mismo: Fundación ONCE, Cáritas Española, Cruz Roja Española y Fundación Secretariado Gitano.

Este fondo, que tiene como objetivo apoyar las acciones incluidas en el Programa Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Lucha contra la Discriminación, "va a posibilitar la atención de más de 200.000 personas al año", añade el Cermi.

Otra de las propuestas planteadas es que el Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia "se amplíe a las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública, y no sólo a las empresas".

Con vistas a facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad, se propone también la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico y a los edificios, "tal y como se comprometió el presidente del Gobierno el pasado 3 de diciembre de 2009".

Por otra parte, propone una mejora de la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores con discapacidad que se establezcan como autónomos, incrementándola del 50% al 75% de la cuota en el caso de los hombres y del 90% en el caso de las mujeres; aplicar esta bonificación sobre la base de cotización que realmente se establezca y no sólo sobre la mínima; así como hacerla indefinida para equipararla a los contratos de trabajo indefinidos, suprimiendo también la obligatoriedad de que sea inicial.

Además, se propone la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la evaluación del impacto sobre la igualdad de oportunidades de los proyectos económicos y sociales que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros, y un plan para garantizar la participación institucional del sector de la discapacidad en los órganos de la Administración General del Estado.

Por último, en cuanto a las propuestas del Cermi sobre créditos presupuestarios, se plantea "elevar un 10% el crédito de los Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad; así como elevar otro 10% el crédito de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia".