Los tres se pronunciaron a la salida del Pleno extraordinario que entregó las medallas de Hijo Adoptivo al cineasta Pedro Almodóvar y el cantautor Raphael sobre la sentencia, conocida esta mañana, en la que el TSJM desestima íntegramente el recurso de la Delegación del Gobierno contra la Oficina Antifraude del Ayuntamiento, que pretendía privar a este nuevo órgano de competencia ejecutiva para investigar, al entender que asumiría competencias que no debe.

Causapié, cuyo grupo propuso la Oficina y la sacó adelante junto a Ahora Madrid en el Pleno municipal, así como su reglamento y el nombramiento del ex fiscal general del Estado Carlos Granados como director de la misma, celebró que el TSJM haya avalado que “la regulación de la agencia es conforme a Derecho” y reiteró que además le parece “necesaria para esta ciudad”.

“Vivimos un momento político en el que todas las instituciones tenemos que comprometernos a acabar con el fraude, con la corrupción”, interpretó, justificándose, sin nombrar a nadie, en que “algunos políticos y algunas políticas han utilizado las instituciones públicas para beneficiarse”. “Con eso queremos acaba en el Grupo Socialista y por eso impulsamos esta Oficina”, manifestó.

Por el contrario, Almeida dijo que en el Grupo Popular se respetan y acatan todas las sentencias judiciales, las que les dan la razón y las que se la quitan, a diferencia de lo que cree que hace el equipo de gobierno. “Obviamente, nosotros tenemos una posición distinta, pero la sentencia se tiene que acatar”, reconoció, constatando que la posibilidad de recurrir la decisión del TSJM al Tribunal Supremo le correspondería, en su caso, a la Delegación del Gobierno.

Finalmente, Villacís habló de “respeto por las resoluciones judiciales, como siempre”, y garantizó que de “todo lo que sea transparencia” Ciudadanos siempre estará a favor, pero reiteró dos de sus principales objeciones a la Oficina Antifraude. Una, permitir que una mayoría absoluta del Pleno elija “a quien le controle”, de forma que “el poder controla al poder”; algo que le parece de “muy poco sentido” que abocaría a la Oficina a convertise en “algo inútil”. Y, la segunda, que la posibilidad de convocar a funcionarios o inspeccionar sus lugares de trabajo para obtener información sobre algún caso de supuesta corrupción, y abrirles expediente si se resisten, supone “muy poco respeto por los empleados públicos” y “niveles de invasión sin precedentes”, por lo que anunció que Cs estudiará el fallo, “convencida” de que no avala esta posibilidad.