"Esta iniciativa", dice una carta que han enviado ambas organizaciones a los grupos parlamentarios, "no solo es necesaria en cuanto respuesta a un proceso de reivindicación sostenido por colectivos sociales desde múltiples perspectivas de la diversidad de la condición humana, sino que resulta oportuna para completar los avances de nuestro país en materia de protección de libertades y derechos, tanto en el ámbito penal con la sanción de los delitos de odio, como con las directivas europeas antidiscriminatorias que se han ido trasponiendo a nuestra legislación".

Sin embargo, añade la misiva, "la proposición de ley ha de ser sustancialmente mejorada en el proceso de tramitación parlamentaria dado que su matriz, realizada en la anterior década, ha de contemplar cambios sociales y nuevos retos aparecidos en estos últimos años que hay que enfrentar. Las desigualdades de trato y las conductas discriminatorias no son compatibles con los artículos 10 y 14 de la Constitución Española, tampoco con la Carta Universal de los Derechos Humanos, y esta ley tiene su raíz, precisamente, en la protección de los fundamentos de nuestra convivencia democrática, que descansan en concebir que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos y en el compromiso constitucional de remover obstáculos para hacerlo efectivo, como afirma su artículo 9.2".

La proposición de ley pretende acometer cualquier discriminación para todas las personas, como se aprecia al plantear un 'numerus apertus' a toda forma de intolerancia discriminatoria que se proyecte hacia una persona, respondiendo en términos de reproche sancionador, como la sociedad demanda. No obstante, agregan, la proposición de ley tiene déficits en ámbitos que se han de incorporar, como el de las redes sociales, las actividades tradicionales impropias democráticamente y otras que se debieran recoger con una perspectiva social amplia.

"La protección universal de la víctima de la discriminación en la ley deberá completar lo realizado normativamente en el Estatuto de la Víctima del Delito, ahora a nivel civil y administrativo, protegiéndola eficazmente de represalias por denuncias realizadas, y registrando hechos que faciliten políticas preventivas frente a conductas y expresiones racistas y xenófobas, segregacionistas e identitarias, misógenas y sexistas, homófobas y transfóbicas, antisemitas e islamófobas, antigitanas y aporófobas o desde otra intolerancia como la que sufren las personas en razón de su discapacidad, origen étnico, convicciones, ideología o creencias religiosas, aspecto físico, edad, situación socioeconómica, profesión, lengua, cultura o por cualquier manifestación de la condición humana", concluyen ambas ONG.