La cuestión prejudicial es una herramienta técnica que pretende dejar establecida la interpretación que deben hacer los tribunales europeos de las euroórdenes que se tramiten entre Estados miembros.

En suma, Llarena pretende que el TJUE sopese si la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de no admitir la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión es compatible con los valores de confianza recíproca entre los Estados miembros de la UE.

Con independencia de la decisión final, que puede alargarse varios meses aunque se tramite por el procedimiento de urgencia, la presentación de una cuestión prejudicial supone la paralización del procedimiento de entrega hasta que haya respuesta de Luxemburgo. Según la formulación que se haga de esta petición, el magistrado podría paralizar también la entrega de los líderes independentistas huidos a Bélgica (Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret) y en Escocia (Clara Ponsatí).

Ese movimiento permitiría al Tribunal Supremo español mantener el procesamiento por rebelión y, por tanto, la suspensión de los derechos de los afectados como diputados, es decir, no podrían votar por delegación en el Parlament, ni tampoco ser investidos como presidentes de la Generalitat.

Precisamente por esta circunstancia, la ronda de consultas del presidente del Parlament, Roger Torrent, ha terminado con la propuesta de convocar un nuevo Pleno de investidura la próxima semana con Jordi Sànchez como candidato de consenso entre JxCat y ERC.

El magistrado del Supremo está madurando el recurso que con probabilidad presentará la semana próxima y en el que planteará al TJUE si el tribunal alemán se excedió al entrar a valorar la intensidad de la violencia en Cataluña durante el `procés´ e invadió por tanto competencias que corresponderían a los tribunales españoles en el momento de enjuiciar los hechos.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó el jueves la entrega de Puigdemont a España por el delito de rebelión, por entender que la intensidad de la violencia registrada durante el proceso independentista no es suficiente para justificar esa calificación penal, que en Alemania equivaldría al delito de alta traición. La justicia española entiende que el tribunal germano se excedió en su valoración.

En suma, lo que tendrá que decidir el TJUE es si quien rompa la legalidad en uno de los Estados miembros, convocando un referéndum ilegal y violando el orden constitucional, puede finalmente huir a otro país de la UE sin que pueda ser objeto de reproche penal ni de extradición.