La moción es consecuencia de una interpelación que Ciudadanos dirigió al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, y parte de la "grave crisis" que atraviesa Venezuela, con "múltiples ramificaciones" debido a los "devastadores" efectos de las políticas de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro.

En la exposición de motivos, Ciudadanos denuncia que Venezuela está entre los países con mayores niveles de corrupción en todo el mundo, y pone como ejemplo que varios antiguos altos cargos de su Gobierno han sido acusados recientemente en Estados Unidos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos por adjudicaciones de contratos a la empresa Petróleos de Venezuela SA, a cuya antigua cúpula investiga también la Audiencia Nacional.

"Esto es particularmente grave teniendo en cuenta que la mayor parte de las importaciones al país se realizan a través de la Administración, lo que está resultando en una importante escasez de alimentos de primera necesidad, medicamentos, e incluso afecta al suministro de servicios básicos como el agua o la electricidad. A esto se suma la incesante deriva autoritaria del Gobierno bolivariano, ahora en manos de Nicolás Maduro, que ha torcido el orden constitucional venezolano para vaciar de poder a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora", asegura la formación.

Subraya que solo en enero de este año la Union Europea ha activado las sanciones aprobadas tiempo atrás contra siete altos cargos cercanos a Maduro, dejando claro que se dirigen contra miembros concretos del Ejecutivo.

"Pese a la insistencia del régimen bolivariano de identificarlo como su principal enemigo exterior, el Gobierno ha carecido de liderazgo a la hora de defender los derechos humanos en su acción exterior y, especialmente, en Venezuela, un país con el que España comparte tantos lazos históricos, culturales, sociales y económicos", denuncia Ciudadanos.

En la moción, Ciudadanos pide que el Congreso de los Diputados acuerde "expresar la solidaridad de la sociedad española con los ciudadanos venezolanos ante las serias y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales" y no reconocer la convocatoria de elecciones presidenciales en mayo "por no haber sido realizada por el órgano correspondiente de acuerdo al orden constitucional venezolano, por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de libre competencia electoral acordadas entre gobierno y oposición; y, en consecuencia, no reconocer sus resultados".

Además, insta al Gobierno a ejercer "un papel de liderazgo internacional en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todos los casos, y especialmente con aquellos países con los que España comparte estrechos lazos históricos, culturales, sociales y económicos".

También le emplaza a recomendar, en el seno de la Unión Europea, la ampliación de las sanciones específicas a altos cargos del Gobierno de Venezuela debido a la ruptura con los principios democráticos y el Estado de Derecho, así como por actos de corrupción, al propio presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente Tarick el-Aissami.

Reclama en otro punto que esas sanciones se amplíen asimismo a los altos cargos involucrados en el comercio de hidrocarburos, así como a altos funcionarios de la empresa Petróleos de Venezuela SA por socavamiento de la democracia o el Estado de Derecho.

Ciudadanos quiere que el Gobierno apoye expresamente la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar un examen preliminar para analizar la posible comisión de crímenes por parte de altos cargos del Gobierno de Venezuela y facilite la provisión de información para la realización de dicho examen.

En otro punto de la moción, pide al Ejecutivo impulsar, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la celebración de una sesión de emergencia sobre el caso de la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, y emprender las gestiones necesarias para que ese Consejo apruebe la creación de una comisión o misión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en ese país, así como para exponer a los infractores y facilitar que respondan por sus actos ante la justicia.