Según ha podido saber Servimedia de fuentes jurídicas, esta reclamación se produce tras la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de dejar de devolver a estas tres entidades dicho préstamo, después de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula dicha indemnización que ya fue cobrada por Escal UGS, empresa participada por ACS.

Para el Estado, como consecuencia de esta decisión judicial, la deuda que tenía con la concesionaria está pagada, pero, sin embargo, no reconoce una compensación alternativa a los que pagaron esa deuda.

En su reclamación, los bancos defienden que la inconstitucionalidad del real decreto-ley no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. De hecho, apuntan que, si no fuese así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.

Además, ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

De este modo, las tres entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones (de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente) en que estaba previsto en el real decreto anulado por el Alto Tribunal.

En concreto, dicho decreto establecía que el préstamo se devolvía con pagos mensuales procedentes del sistema gasista con un plazo de 30 años.