En esa misma línea, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena estudia también la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la decisión tomada por la justicia alemana en relación a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y a los procedimientos que regulan la entrega de reclamados por la justicia entre los Estados de la UE.

El ministerio público español expresa, en un comunicado de prensa, su “reconocimiento al intenso trabajo realizado por la Fiscalía alemana” en relación con la tramitación de la euroorden librada por las autoridades judiciales españolas en contra del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

Explica que la decisión tomada por el tribunal alemán afecta “exclusivamente” a la medida cautelar de prisión provisional adoptada respecto a Puigdemont, “pero no es una medida definitiva” ni “entra a prejuzgar el fondo del asunto relativo a la entrega”.

En ese sentido, dice la Fiscalía, es preciso destacar que el Considerando (9) de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002 relativa a la Orden de Detención Europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros dispone que “la función de las autoridades centrales en la ejecución de una Orden de Detención Europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo”.

Además, el artículo 4 de la citada Decisión Marco afirma que “para los delitos distintos de los mencionados en el apartado 2, la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la Orden de Detención Europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo”.

En tercer lugar, la Fiscalía está segura de que la decisión de fondo del tribunal respetará los principios de la Decisión Marco y el reconocimiento mutuo en el sistema de la Orden Europea de Detención.