La aplicación del reglamento comunitario ha desplazado el contenido de la Ley de Firma Electrónica del 2003 y, por tanto, es necesario un nuevo texto que derogue la anterior y regule los aspectos que se dejan a criterio de los Estados miembros.

Este anteproyecto de ley afecta a los prestadores de servicios electrónicos de confianza, en especial, la firma y sello de tiempo electrónicos, la autentificación de sitios web seguros o la entrega electrónica certificada y complementa las obligaciones a las que están sometidos según el Reglamento comunitario.

Esta nueva ley, al dotar de mayor seguridad jurídica a la prestación de estos servicios, contribuirá a crear un clima de confianza en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas, según informó hoy en un comunicado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.