El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, destacó que este nuevo plan sustituye al que se aprobó en 2012, que se centraba en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y que “ha tenido muy buenos resultados”.

En una nota, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social indicó que el Plan Estratégico se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno y se estructura en cuatro ejes –organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación- y fija 12 objetivos y 100 líneas de actuación para los próximos años.

El plan refuerza el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos. Además, para asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no discriminación, será prioritario actuar en el ámbito de discriminación por género, se lanzarán campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.

Otras líneas de actuación previstas son el mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo, el refuerzo de actuaciones en relación con subcontratas y empresas multiservicio, la puesta en marcha de nuevas unidades de Inspección especializadas en prevención de riesgos laborales, la supervisión de la economía de plataformas y actuaciones específicas en relación con falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.

Asimismo, se prevé la continuación de los esfuerzos por mejorar la dotación de las plantillas, el despliegue de los nuevos subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección.

Para la elaboración del plan y los Estatutos, Empleo indicó que se ha contado con la participación de las comunidades autónomas, el texto se ha presentado a los interlocutores sociales y se ha debatido en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BALANCE

El nuevo Plan incluye una evaluación del Plan de Lucha contra el Fraude, aprobado en 2012. Así, desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero de 2018 se han aflorado 519.056 empleos irregulares; se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones, y se ha logrado la conversión de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros.

Empleo destacó también el “notable” incremento en los efectivos de la Inspección de Trabajo, que desde 2012 y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado hasta 845 nuevos inspectores y subinspectores.

ORGANISMO ESTATAL DE INSPECCIÓN

Asimismo, a propuesta conjunta con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se ha aprobado un real decreto que pone en marcha una estructura organizativa nueva: el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Se trata de una norma que desarrolla la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura con consenso parlamentario y con las comunidades autónomas.

El nuevo organismo permitirá una mayor implicación en la Inspección de Trabajo de las comunidades autónomas –forman parte de su Consejo Rector- y de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.

El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social será además el encargado del despliegue y de la ejecución del Plan Estratégico 2018-2020.

Integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3.000 empleados públicos, y estará desplegado en las 17 autonomías, en todas las provincias españolas, y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Dentro del organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que permitirá una colaboración institucional más intensa con las comunidades autónomas y con otros organismos implicados y será el organismo español de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la Unión Europea que ha entrado en funcionamiento en mayo de 2016.