En respuesta a una interpelación del Partido Popular en el Congreso, Moratinos señaló, sobre "los contactos de ETA en Venezuela”, que “en estos momentos se está llevando a cabo una investigación judicial”.

El titular de Exteriores, dirigiéndose al diputado popular Gustavo de Arístegui –autor de la interpelación-, aseguró que “el Gobierno va a exigir plenamente un comportamiento y una respuesta definitiva de las autoridades venezolanas. Utilizaremos todos los mecanismos políticos, diplomáticos, judiciales y policiales para derrotar a ETA y hacerles volver de Venezuela”.

Por su parte, De Arístegui exigió al Gobierno una atención “mucho más intensa” a las actuaciones judiciales que afectan a la República Bolivariana de Venezuela y son impulsadas por magistrados españoles, a lo que Moratinos respondió que están “en pleno apoyo y asistencia a los jueces españoles que están sosteniendo las instancias judiciales”.

El diputado popular afirmó que existe un “largo rosario permanente de plegamientos” del Gobierno español ante el Estado que preside Hugo Chávez, a lo que se añade como “guinda del pastel” la ausencia de la bandera de Venezuela en el desfile militar conmemorativo de la Fiesta Nacional.

Además, De Arístegui expresó sus dudas sobre que el Gobierno venezolano no esté enterado de las entradas de etarras y de si estos mantienen contactos con Arturo Cubillas, máxime cuando este alto cargo está casado con la directora del gabinete de comunicación del vicepresidente del país.

En este sentido, el diputado popular le preguntó al ministro cuándo va a convocar al embajador venezolano en Madrid, Julián Isaías Rodríguez, para “exigirle” que aclare la “connivencia de ETA, las FARC y el régimen venezolano”, así como “explicaciones” por “todo lo anterior”, ya que son “repugnantes” sus declaraciones sobre este asunto.

Por ello, De Arístegui indicó a Moratinos que, parafraseando al presidente de la Audiencia Nacional, si “Venezuela no juzga a Cubillas lo tiene que entregar a España”.

El ministro manifestó al PP que la política de Estado es “cuestión de todos” y la defensa de los intereses de España en el mundo también es responsabilidad del principal partido de la oposición.