Catalá se refirió a esta cuestión en un encuentro con periodistas, en el que explicó la partida de su departamento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que fueron entregados este martes en el Congreso.

En este encuentro, el ministro se refirió a que las asociaciones de jueces y fiscales emitieran el pasado 5 de marzo un comunicado, en el que anunciaron que irán a la huelga el 22 de mayo si no se atienden una serie de demandas profesionales y de independencia profesional. Paralelamente, los funcionarios judiciales dependientes del Ministerio han pedido la equiparación con sus homólogos de las comunidades autónomas.

En este sentido, Catalá defendió que el 70% de lo planteado por jueces y fiscales está “abordado” o se está “trabajando” en ello en mesas de negociación o en reformas legislativas anunciadas. Añadió que también analizan las peticiones del resto de funcionarios y que se pedirá a las autonomías una “homogeneización” de las retribuciones de los empleados públicos del área judicial.

SALARIO Y GUARDIAS

En cuanto a la cuestión retributiva, el ministro explicó que ya hay una primera subida acordada, que es la acordada para todos los funcionarios del Estado por el Ministerio de Hacienda. Ésta consiste en un incremento salarial para todos los empleados públicos, incluidos jueces y fiscales, de un 1,75%. Este aumento será de un 8% acumulado en tres años.

Asimismo, el ministro se refirió a que su departamento también va a negociar cuestiones como la mayor retribución de las guardias, algo que también es una cuestión decisiva para jueces y fiscales.

Por lo que se refiere al aumento de la independencia del Poder Judicial, Catalá indicó que su departamento tiene intención de presentar después del próximo verano un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Éste conllevará dar la instrucción en el proceso penal a los fiscales, por lo que también se modificará el Estatuto profesional de este colectivo para garantizar su autonomía.

Catalá se refirió a que el proyecto de Presupuestos de 2018 contiene otros aspectos importantes para los profesionales de la Justicia, como que la Mutua General Judicial aumenta un 2,6% su dotación respecto a 2017. Este organismo es el que gestiona, entre otras cuestiones, los seguros sanitarios de los funcionarios judiciales.