Así se expresó Fernández Currás, quien fue responsable de la consejería entre 2009 y 2012, cuando se produjo dicha fusión, en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera en la Cámara Baja.

En cuanto a su actuación, denunció que cuando tomó posesión, en abril de 2009, “no había ni una urgencia, ni ninguna advertencia, ni ningún informe sobre la situación real de las cajas” de sus predecesores.

Por ello, criticó que poco después de llegar al cargo fuera advertida por parte del Banco de España de la “situación crítica” de esas dos entidades por su excesiva expansión fuera del territorio gallego y por el incremento desproporcionado del crédito inmobiliario.

En cuanto a la fusión, defendió que tenía “el consenso político y social para que se llevara a cabo”. “Era avalada por toda la sociedad gallega y por todos los agentes sociales”, añadió.

También recordó que la Xunta, siguiendo una recomendación del Banco de España, pidió un informe independiente de KPMG sobre la operación, que concluyó que las ratios clave de la entidad fusionada se corresponden con los de una entidad viable. En la misma línea, defendió que el plan de integración fue validado por PWC y Deloitte en representación de ambas entidades.

Sobre el plan de integración apuntó que fue validado por el Banco de España, el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Comisión Europea y que el Ministerio de Economía y Hacienda no lo vetó.

Asimismo, señaló que antes de su aprobación por parte del Gobierno gallego, la fusión fue aprobada por el Parlamento autonómico sin votos en contra. “La fusión no la acuerda la Xunta, la acuerdan los órganos de Gobierno de las cajas y lo hicieron por unanimidad”, reiteró Fernández Currás, quien concluyó que “en todo momento se actuó con rigor, seriedad y con diligencia exquisita”.

Por otro lado, defendió que no tuvo ninguna competencia en la autorización de las preferentes, algo cuya responsabilidad atribuyó al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).