La organización ve “insuficientes” las condiciones de acogida y denuncia las situaciones de “masificación y la exasperante falta de acceso a la documentación”, algo que también relata el Defensor del Pueblo en su informe.

“Consideramos realmente alarmante el conflicto de intereses existente entre los menores y la Fiscalía General del Estado o sus homólogas autonómicas, cuando éstas tienen el papel de supervisar sus derechos en España”, declaró la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children, Ana Sastre.

La institución pública ya denunció en febrero que “madres con bebés” duermen “en calabozos” o existen “menores no acompañados encerrados en celdas”, por lo que reclamó un protocolo de asistencia que garantice los derechos de los menores inmigrantes.