Fuentes jurídicas confirmaron que el documento ha sido presentado al Constitucional para reivindicar la obligación del Estado a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas en relación a los derechos políticos. La reclamación ante la ONU se planteó en defensa del derecho de Jordi Sánchez a ser elegido presidente y de asistir al pleno de investidura.

JxCat cree que la resolución del Comité es “muy importante” y que podría desembocar en un reproche formal a las autoridades españolas. Por el momento, el órgano de defensa de los Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda de la formación independentista y aunque ha advertido al Estado para que tome todas las medidas necesarias para que “el señor Jordi Sanchez i Picanyol pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto”, no ha adoptado ninguna medida cautelar.

El citado artículo del pacto al que España se adhirió en 1978 es el que establece el “derecho a participar en el curso de asuntos públicos, al voto y a ser elegido y acceder al servicio público”. En todo caso, el análisis del fondo de la cuestión está aún pendiente.