Su confección responde al contexto de la entrada en vigor nuevas normativas europeas y nacionales. En noviembre de 2017 se aprobó una nueva Ley de Contratos del Sector Público, la por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa.

“Es una realidad que muchos de los servicios sociales y de proximidad que son promovidos o financiados por las administraciones públicas y en concreto muchos de los que tienen como destinatarias a las personas con discapacidad, se instrumentan por la fórmula de la contratación”, explicó el Cermi.

Ante ello, las entidades sociales y las administraciones públicas licitantes “han de conocer y saber aplicar el nuevo marco normativo en materia de contratación pública para extraer de él todo el potencial social y de inclusión que encierra”, a fin de “avanzar en la extensión del bienestar ciudadano”, añadió la entidad.

La guía, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se ofrece como una herramienta “útil, práctica y valiosa” para los agentes y operadores con interés en la dimensión social de la contratación pública.