La decisión del magistrado se conoció pasadas las 18.15 horas, tras una intensa jornada en la que procesó por un delito de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, a Turull y a otros 11 dirigentes independentistas por su papel en la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y por desobedecer decisiones judiciales que ordenaban no realizar esta consulta.

El juez expone en el auto que ve riesgo de fuga y de reiteración delictiva para Turull, Forcadell, Rull, Bassa y Romeva, por lo que se agravan las medidas cautelares contra todos ellos con la prisión provisional, comunicada y sin fianza. Para Llarena, las sospechas que recaían sobre todos ellos “son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados”.

“En tal coyuntura, se configura un grave riesgo de fuga en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión”, sostiene Llarena.

UNA “CLARA INSURRECCIÓN”

Si bien los procesados han sido llamados a declarar cuando así se lo ha requerido el juez, explica, “la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años”.

Llarena argumenta esta idea en el siguiente señalando que “esta constatación coexistió con el convencimiento de que existían razones que les proporcionaban legitimación para enfrentarse a ese acatamiento de las decisiones judiciales. Y puesto que esos argumentos son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos”. El magistrado también considera que las motivaciones secesionistas están respaldadas por un “amplio colectivo que se solidariza con su causa”.

“MARCADO RIESGO DE REITERACIÓN DELICTIVA”

Además, indica que existe un “marcado riesgo de reiteración delictiva”, porque “todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional”. Esta aspiración, que dice el magistrado que es “legítima” en sí, “se ha pretendido satisfacer mediante instrumentos de actuación que quebrantan las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión”.

Así las cosas, “la renuncia al acta de diputado, ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas penales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria”.

El juez del Tribunal Supremo cierra con esta decisión la instrucción de la causa en relación a Forcadell, Turull, Romeva, Rull y Bassa.