Así se expresó botín en respuesta a la intervención de varios accionistas asistentes a la Junta que le instaron a aprobar nuevas medidas de apoyo a los afectados por la resolución del Popular. En cuanto al bono, la presidenta destacó que supuso un coste de 535 millones de euros para el Santander y que su aceptación llegó al 78%.

Tras lamentar las pérdidas que han sufrido tanto los accionistas como los bonistas, Botín defendió que el Santander no decidió la resolución del Banco Popular ya que, según recordó, fueron la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) los que lo hicieron.

“El banco no tiene responsabilidad alguna en esta cuestión”, afirmó Botín, quien sostuvo que de no haberse producido la compra “la disolución del Popular hubiera generado mucha incertidumbre en el sistema y un impacto mucho más importante en sus empleados”.

“La compra fue una buena noticia para el sistema financiero, para España y para Europa”, añadió la presidenta, que valoró que “protegió los depósitos de cuatro millones de clientes sin ningún coste para el Gobierno”. A este respecto, recordó que en el momento de la resolución los depósitos de clientes con menos de 100.000 euros, los protegidos con el Fondo de Garantía, ascendía a 36.000 millones de euros.