La Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en su artículo 4.6, señala que “si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura no ha sido elegido ningún candidato o candidata, la legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria”.

En este caso tendría que ser el Gobierno central quien convocase estos comicios autonómicos en virtud de las competencias asumidas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como ya ocurrió en la convocatoria electoral del 21 de diciembre de 2017.

El artículo 4.4 de la citada ley indica que "si el candidato o candidata no consigue la mayoría absoluta, puede someterse, dos días después, a un segundo debate y a una segunda votación, en la que bastará la mayoría simple".

En aplicación de estos cálculos, respaldados por varias fuentes políticas en Cataluña consultadas por Servimedia, y siempre que no resulte otro canditato elegido presidente, llevarían a que la disolución del Parlament se produzca el 22 de mayo si finalmente la votación para investir a Turull se produce hoy. A esta fecha habría que sumar los 54 días que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) estima entre la convocatoria y la cita de los ciudadanos con las urnas.