En su iniciativa, ERC recuerda que el próximo 6 de abril termina el plazo para renovarlo de acuerdo con lo establecido por el real decreto que lo regula, "y son muchas las dificultades en que se encuentran los actuales beneficiarios para poder hacerlo", lo cual podría provocar una reducción del número de beneficiarios.

Junto a la proposición no de ley, ERC ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer, por ejemplo, cuántas de las personas beneficiaras del bono social han tramitado ya su renovación, si se han detectado dificultades para hacerlo de acuerdo con los requisitos del real decreto y qué medidas se deberían tomar para garantizar que quien todavía no haya podido hacerlo pueda renovarlo de manera eficaz.

En esas preguntas ERC también sugiere la posibilidad de una prórroga de seis meses no sólo para informar mejor y facilitar los trámites a los interesados, sino también para aclarar y poner en marcha los instrumentos y órganos de coordinación que afectan a comunidades autónomas y ayuntamientos, a los cuales el real decreto impone que respondan del 50% de los impagos de facturas.