Desde La Moncloa recuerdan que el candidato propuesto para la investidura tiene ahora sus derechos políticos en vigor, porque “esto es una democracia”, aunque creen que haber estado en prisión provisional “condiciona” y hasta “limita” su futuro como presidente de la Generalitat, si es que finalmente es elegido.

Piensan que debería ser “otro” el candidato y se preguntan si entre los 66 diputados de Junts Per Catalunya y ERC no pueden proponer a alguien sin “problemas” con la Justicia. En el fondo, ven en Turull la perpetuación del “choque” con el Estado y la Justicia para mantener viva la “confrontación” con el Gobierno de la nación.

Es más, fuentes gubernamentales piensan que la convocatoria de una investidura ‘exprés’ a través del Pleno extraordinario previsto para las 17.00 horas menoscaba la dignidad de esta institución. Denuncian la precipitación y la falta de transparencia en el proceso, con lo que concluyen que el presidente de la Generalitat, Roger Torrent, está actuando “de parte”.

Turull, que fue consejero de la Presidencia en el Govern de Carles Puigdemont y que concurrió como número cuatro de la lista en las elecciones del 21-D, está en libertad condicional tras el pago de una fianza porque se le imputan tres presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1-O y pasó un mes encarcelado en Estremera por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

En esta situación, el Gobierno se mantiene expectante y “muy vigilante”, a la espera de cómo transcurran los acontecimientos hoy y mañana. Lamentan que no se haya propuesto un “candidato limpio”, esto es, sin “problemas” judiciales, e inciden en que “la espada de Damocles” de Turull es precisamente estar investigado dentro de la causa del ‘procés’.

CAMBIO DE PLANES

Este jueves el presidente del Parlamento de Cataluña anunció que Jordi Sánchez le había notificado su renuncia a ser diputado de Junts Per Catalunya para volver a la docencia y explicó que iniciaría una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para buscar un nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Minutos más tarde, se conocía la citación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, a las 10.30 horas de este viernes, a todas las partes personadas en la causa que instruye en relación con el proceso secesionista en Cataluña, para notificarles el auto de procesamiento. Los abogados de Carles Puigdemont y de los otros 27 investigados tendrán que pasar por el alto tribunal para recoger el auto.

A la misma hora, el magistrado ha citado a seis de los encausados, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira. Irán acompañados de su letrado, "a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" sobre las medidas cautelares que les afectan y que podría endurecer ante la proximidad de juicio.

A última hora de la tarde de miércoles, Torrent convocaba un Pleno para la ‘investidura exprés’ de Turull, desafiando así los plazos judiciales a los que se podría enfrentar este vienes exportavoz del Gobierno catalán, y justificó la rapidez de este Pleno a las “injerencias” que a su juicio podrían producirse mañana en el Supremo.

La citación de este viernes de Llarena ha modificado los plazos de los independentistas, que situaban en un principio el Pleno de investidura de Turull para la próxima semana. En este escenario, fuentes gubernamentales recuerdan que el artículo 155 de la Constitución seguirá en vigor hasta que el nuevo Gobierno catalán tome posesión conforme a derecho.

Según el artículo 5 de la Ley de Presidencia de la Generalitat, “el presidente o presidenta de la Generalidad, tras ser investido por el Parlamento, es nombrado por el rey o reina a propuesta del presidente o presidenta del Parlamento”. Posteriormente, este nombramiento se debe publicar en el Diari Oficial de la Generalitat y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nombramiento tiene “efectos” a partir de la toma de posesión, “que debe celebrarse en el plazo de cinco días a partir del nombramiento”. Tras nombrar al que será su gabinete, los consejeros deberán tomar posesión de sus cargos y será en ese momento cuando el artículo 155 expire.

En circunstancias “normales”, dicen fuentes gubernamentales, este trámite podría dilatarse en el tiempo hasta una semana, pero en este caso no se aventuran a establecer un calendario. Si Turull reuniese esta tarde los votos necesarios en el Parlament para ser investido, el Rey podría esta misma noche o mañana firmar su nombramiento y tendría que esperar a su publicación en el BOE para tomar posesión, para después hacer lo propio los consejeros.