Para estas asociaciones, “la legalización de este tipo de venta implicaría una desigualdad de condiciones frente al comercio minorista, ya que éste está sujeto a multitud de regulaciones legales, obligaciones fiscales y laborales que no se cumplirían en el caso de la venta de productos a través del ‘top manta’”.

En el mismo sentido, consideran que “esta medida supondría despenalizar la venta ilícita de productos que en su mayor parte son falsificaciones, productos que además no pasan ningún tipo de controles de calidad y seguridad, afectando seriamente los intereses y garantías de los consumidores”.

Por último, desde ambas asociaciones de comerciantes incidieron en que “esta regulación solo serviría para seguir alimentando a las mafias que están detrás de este negocio ilícito, perpetuando la desprotección jurídica que implican y generando un efecto llamada que a su vez generalizaría la venta ambulante ilegal”.

Según cálculos de la Confederación Española de Comercio, una medida que regularizara esta actividad podría afectar a más de 100.000 puestos de trabajo en el conjunto del sector del comercio.

Por ello, la CEC y Cocem insistieron en apoyar la venta ambulante, “siempre que se realice dentro de los marcos de las regulaciones establecidas y de la legalidad, como es el caso de los puestos que forman parte de los mercadillos autorizados por las ordenanzas de los distintos municipios”.