En la sesión de control al Gobierno, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, preguntó al presidente si le parece "normal" que España se rija por una normativa sobre información clasificada que se aprobó en época franquista.

El PNV logró meses atrás que el Congreso de los Diputados admitiera a trámite una proposición de ley de reforma de esa normativa, a la que ahora varios partidos, entre ellos el PP, han presentado enmiendas. "Con absoluta franqueza", le dijo Rajoy, sería positivo llegar a acuerdos en asuntos "sensibles", ya que el Gobierno está dispuesto a hablar para "intentar llegar a algo razonable".

Esteban le reprochó haber estado casi año y medio "al alimón" con el PSOE y con Ciudadanos paralizando la tramitación de esa propuesta prorrogando sucesivamente los plazos de presentación de enmiendas y le acusó de presentar ahora "enmiendas gatopardianas" con las que pretenden "cambiar para no cambiar nada" y que permitirían mantener información clasificada durante cincuenta años, algo que en comparación con los países del entorno "no se sostiene".

Afeó que esas enmiendas pretendan dar al Consejo de Ministros la potestad de "clasificar genéricamente" documentación, poner "al zorro a cuidar del gallinero" al aumentar las competencias del CNI, y permitir la "clasificación sobrevenida" cuando alguien reclame documentos no sometidos a secreto.

Criticó en la misma línea las enmiendas de Ciudadanos y del PSOE, que dejarían los papeles clasificados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 bajo secreto hasta 2045, lo cual es una "burla" para los historiadores y convierten a España más que en un Estado democrático de Derecho en un "Estado oscurantista de Derecho".

Rajoy insistió en su disposición a hablar para "mejorar o actualizar" la normativa pero sobre la premisa de "hilar muy fino", con "sensatez" y con "sentido común" porque se trata de materia "muy delicada" que afecta a la seguridad del Estado y de los ciudadanos.

El Gobierno, aseguró, está dispuesto a "revisar" la normativa para "modernizar" su contenido pero con el máximo consenso posible y teniendo presente lo que hacen otros países del entorno porque los sistemas tienen que estar homologados. A partir de ahí, concluyó, hay que intentar trabajar con el "máximo sentido común".