Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno de la Cámara Alta, donde la senadora de Podemos Miren Gorrochategui le preguntó sobre “el apoyo y el impulso del Gobierno a iniciativas para limitar el ejercicio de la acción popular en determinados delitos”.

Esta parlamentaria explicó que hacía esta pregunta después de que el nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, se haya posicionado a favor de limitar la acción popular respecto tanto a quien puede acusar como la materia sobre la que debe poder hacerlo.

“ES UN CLAMOR”

Según Gorrochategui, la acción popular “no se puede derogar” al estar en la Constitucional y ser, por tanto, un “derecho fundamental”, pero sostuvo que limitar esta forma de que los ciudadanos actúan en los tribunales es un “timo”, porque supone dejar a la democracia “sin instrumentos”.

Por su parte, Catalá defendió que es un “clamor” entre los profesionales y operadores jurídicos la revisión de la figura de la acción popular, planteamiento que el Gobierno hará suyo cuando presente un proyecto para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Añadió que en ese momento habrá que abrir un “debate” sobre la acción popular y sobre “algún uso impropio” que se ha detectado durante las décadas que lleva funcionando esta figura, algo que para el Ejecutivo hace necesaria su revisión.

El ministro explicó que la reforma que planteará el Gobierno se referirá tanto a las personas que pueden ejercer la acción popular como las materias en las que debe ser posible que alguien actué contra otro en los tribunales sin ser directamente perjudicado.