En cambio, el ministerio público ha cambiado de criterio y ha pedido libertad bajo fianza de 100.000 euros para el que fuera conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña durante el `procés´ independentista, Joaquim Forn, cuya apelación se vio este martes. Esta petición supone un cambio de criterio del ministerio público, que la habría hecho por “imperativo legal” y atendiendo órdenes del fiscal general del Estado, Julián Sánchez.

El fiscal Fidel Cadena realizó esta petición durante la vista ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal, que duró 40 minutos y en la que la defensa del exconseller pidió su puesta en libertad previo pago de la fianza por entender que ya no hay riesgo de reiteración delictiva. La acusación popular ejercida por Vox reclamó, sin embargo, que continúe en prisión preventiva.

La defensa de Forn indicó que el representante del Ministerio Público no ha argumentado ante los magistrados de la Sala de Apelaciones su cambio de criterio y se han limitado a señalar que actuaba por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Esta decisión se habría adoptado en aplicación del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que faculta al fiscal general del Estado a dar órdenes directas a sus subordinados sobre asuntos específicos.

Forn y el candidato a la investidura y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, están siendo investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos durante el proceso independentista. El juez ya impuso fianzas de 100.000 a otros exmiembros del Govern y de 25.000 a los integrantes de la Mesa del Parlament para salir de prisión.