Según el ‘Informe Anual 2017’ del Defensor del Pueblo publicado este lunes, la creación de empleo y la disminución de la tasa de paro son “una buena noticia”, aunque puntualiza que todos los indicadores económicos revelan que la superación de la crisis ha dejado como consecuencia una “mayor desigualdad” en la sociedad.

A juicio del Defensor del Pueblo, esa desigualdad en materia laboral se traduce en “mayor temporalidad” y en “precariedad”, con bajos salarios. La institución destaca que la lucha contra esa precariedad para lograr estabilidad en el empleo es “ineludible”.

Añade que la planificación “eficaz” de las políticas activas de empleo deben ir precedidas de un “estudio riguroso” sobre su adecuación y la debida evaluación de resultados.

El Defensor del Pueblo llama la atención sobre el contrato de formación y aprendizaje para indicar que el número de contratos suscritos en esta modalidad ha sufrido una “caída drástica” en los años 2016 y 2017, pasando de más de 174.000 contrataciones realizadas en 2015 a menos de 50.000 en 2017, como consecuencia de modificaciones normativas que introducen mayores controles en la impartición de las acciones formativas y la eliminación de la formación a distancia.

En esta línea, el organismo pide mantener la “vigilancia” sobre la utilización de este contrato y cree que “debe también prevenirse el riesgo, apreciado por distintos agentes sociales, de que el interés empresarial por estas contrataciones bonificadas convierta este contrato en un mecanismo que tenga como efecto la precarización y mayor temporalidad” en el empleo entre los jóvenes.

Por otra parte, destaca que la crisis ha afectado, en mayor medida, a colectivos como los mayores de 55 años, que constituyen el grueso de los parados de larga duración, y a los jóvenes, por lo que incide en mantener medidas específicas de atención dirigidas a favorecer la empleabilidad de estos colectivos.

Asimismo, un año más, el Defensor del Pueblo insiste en que se evalúen, en términos de coste y eficacia, los resultados de las medidas de políticas activas de empleo, en las que se enmarcan las medidas de Garantía Juvenil.