El documento expone el caso de un centro público de Getafe (Madrid) cuyos alumnos y trabajadores convivían con obras de ampliación y mejora durante el periodo lectivo. Para el Defensor, esta situación crea “graves inconvenientes”, al igual que asegura que ha ocurrido en otro centro de Muro de Alcoy (Alicante) “que funciona en barracones prefabricados carentes de condiciones adecuadas de estanqueidad, ubicados en un entorno industrial inadecuado para el funcionamiento de un centro escolar”.

Asimismo, el informe relata que en el ejercicio 2017 se han realizado actuaciones de oficio en relación con la presencia de amianto en elementos constructivos de las instalaciones de centros docentes.

“Pese a la potencial peligrosidad de la situación existente en estos centros, dado el carácter altamente cancerígeno del amianto, la tramitación de las quejas formuladas en la referida materia no ha permitido a esta institución contrastar si las administraciones educativas disponen de datos relativos a los centros docentes de su territorio que se encuentren afectados, ni a los elementos en que la sustancia se encuentre presente en cada centro y al estado de los mismos, información imprescindible para articular cualquier plan de gestión y eliminación del amianto que se pretenda aplicar”.

En este contexto, el organismo recuerda que el Parlamento Europeo aprobó en 2013 una resolución para que los Estados avanzasen en eliminar de forma gradual “y en el menor tiempo posible” el amianto. Por ello, ha instado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el examen del problema en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación y la adopción de medidas coordinadas dirigidas a la eliminación del amianto de las instalaciones de todos los centros docentes.

PELIGROSIDAD

“Las administraciones educativas son conscientes de la peligrosidad que entraña la existencia de esta sustancia en las instalaciones de los centros docentes y se proponen su retirada paulatina, de acuerdo con los criterios y siguiendo el orden de prioridades que cada una de ellas ha establecido. Pero no disponen de un inventario pormenorizado de los datos relativos a los centros educativos afectados, materiales o elementos en los que la sustancia esté presente y en qué cantidad”, concluye el informe.

Sin embargo, el Defensor subraya que, “si bien las distintas administraciones educativas han mostrado una actitud receptiva en relación con este asunto, son insuficientes las medidas correctoras y aún inexiste una planificación nacional con compromisos y obligaciones concretas. Al menos en lo relativo a la elaboración de un catálogo de edificaciones escolares afectadas”.

“Son muchos los inmuebles anteriores al año 2002 que albergan instalaciones escolares, y la protección de la salud de la comunidad educativa exige que las autoridades competentes articulen, como propone la resolución del Parlamento Europeo ya citada, planes de eliminación del amianto comenzando por la identificación de los edificios afectados a través de las técnicas analíticas (microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos-X, entre otras) que están ya disponibles”, sentencia.