Según afirma la institución en su 'Informe Anual 2017', presentado este lunes en el Parlamento, “las quejas recibidas en materia de becas y ayudas al estudio pusieron de manifiesto un problema que cada curso académico afecta negativamente a los becarios, por resolverse su concesión y procederse al ingreso de las cuantías en fechas en las que el curso académico al que se destinan se encuentra ya avanzado”.

El Defensor es “plenamente consciente de la complejidad del sistema de becas y ayudas”, pero considera conveniente atender a otras cuestiones como los plazos de resolución conforme al calendario académico, la carga de trabajo para los profesionales que las tramitan y los periodos vacacionales en los que muchos centros no están operativos para agilizar el proceso.

Por todo ello, el informe subraya que “fueron frecuentes las quejas que ponen de manifiesto la evidencia de que cuando los estudiantes reciben las cuantías concedidas ya habían debido hacer frente a buena parte de los gastos que con ellas habrían de afrontarse, lo que resta eficiencia al sistema y merma su carácter compensador”.

AL COMIENZO

“Idealmente, las becas y ayudas para cada curso académico debieran estar concedidas y a disposición de sus beneficiarios a su comienzo, y si ese objetivo es por el momento inalcanzable, deben arbitrarse medidas normativas, organizativas y de cualquier otra índole que aproximen su consecución”, pide el Defensor.

En este punto apunta a “reforzar los medios” de las unidades de becas “para que finalicen la tramitación correspondiente, antes del 30 de diciembre de cada año, fijando una fecha anterior en la convocatoria y exigiendo, en todo caso, una mayor agilidad a las unidades de becas que actúan con mayor lentitud”. Además apuesta por agilizar mecanismos de revisión de las solicitudes y pagos.

En esta línea, el Defensor actuó de oficio ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y recomendó que se adoptaran medidas para agilizar la tramitación y resolución de las becas y ayudas de carácter general, a fin de que, al menos los importes correspondientes a la cuantía fija, estuvieran a disposición de los beneficiarios en fechas lo más próximas posible al inicio del curso académico.

La institución no considera que haya “ningún obstáculo que impidiera adelantar sustancialmente el plazo de presentación de solicitudes, cuyo inicio está fijado actualmente el 1 de agosto de cada año, fijando su comienzo a partir del día 30 de junio, fecha en la que concluye el plazo de presentación de la declaración del IRPF”, e insiste en que habría “una mejor distribución de la formulación de solicitudes” en el plazo establecido, cuestión que estaría estudiando el Ministerio de Educación.

Por otra parte, la citada secretaría de Estado aceptó otra recomendación del Defensor sobre denegaciones de becas por superar en cuantía mínima el umbral de incremento patrimonial.

“La superación del umbral patrimonial por una escasa cuantía fue motivo de denegación de la beca solicitada, sin que se haya tomado en consideración el bajo nivel de renta familiar de los estudiantes, la situación de exclusión social de las familias, la excepcionalidad de los expedientes académicos presentados, ni la finalidad de las ayudas que fueron la causa de la denegación de las becas”, relata el informe.