Así se expresa el Defensor en su informe del año 2017, donde recuerda que la energía eléctrica está gravada con un IVA del 21 % y con un impuesto especial similar al que existe sobre productos como el alcohol o el tabaco.

En la misma línea, el organismo pide una bajada de los costes regulados, los peajes, que representan dos tercios de la factura. A este respecto, afirma que “muchos de los costes provienen de decisiones que no obedecen a una lógica asignación de costes, del coste de producir y comercializar la energía”.

“Cargar determinadas partidas de gasto a la factura es un lastre para la competitividad de las empresas españolas, que deben afrontar mayores costes que las de otros países donde no se han tomado estas decisiones”, añade.

Como consecuencia, denuncia que “cualquier variación al alza en los precios de las materias primas, o debida a circunstancias meteorológicas que en circunstancias normales podría ser fácilmente asumida, es motivo de preocupación e inquietud para los consumidores domésticos, que ya no disponen de margen para absorber más aumentos del precio”.

Por otro lado, critica también “la falta de flexibilidad” de los tramos de potencia de energía eléctrica. El Defensor cuestiona que, bajo la regulación actual, los consumidores solo puedan modificar la potencia contratada una vez al año. Para el Defensor del Pueblo, no hay razón objetiva que justifique esta medida y por ello ha recomendado a la Secretaría de Estado de Energía modificar la norma.