Así lo recoge el ‘Informe Anual 2017’ publicado este lunes por el Defensor del Pueblo y presentado en el Congreso de los Diputados, en el que destaca que las ayudas a la vivienda y la adjudicación de vivienda pública protegida son las dos materias en las que se concentran la mayoría de las quejas de los ciudadanos en este ámbito.

En el documento, la institución alerta de que “el alquiler no es una opción, sino una necesidad para una juventud en la que el paro y la precariedad hacen que no sepa si tendrá empleo en los próximos meses o si tendrá que emigrar, por lo que no puede adquirir el compromiso a largo plazo de comprar una vivienda, financiando esa adquisición con una hipoteca”.

El resultado de esta situación, según el Defensor del Pueblo, es que la juventud “no puede emanciparse” debido a las políticas que “arrinconaron al alquiler como una opción minoritaria”. Como soluciones, pide “potenciar” el alquiler y “aumentar su prestigio”.

En esta línea, destaca que “uno de los mayores problemas que han trasladado los ciudadanos a esta institución es el elevado precio del mercado de alquiler normalizado en España”, lo cual “imposibilita” acceder a “gran parte” de la población a una vivienda “digna y adecuada”.

Por ello, señala su interés en conocer el impacto de las medidas que el Ministerio de Fomento adopta, en el marco del Plan Estatal de Vivienda, para solventar el desfase entre la oferta y la demanda de viviendas en alquiler.

En esta materia, la institución recomienda un procedimiento de adjudicación “transparente”, con un mecanismo previo de comprobación de los adjudicatarios.