Javier Font, presidente de Famma, destacó este lunes que “las más de 190.000 personas que tienen una discapacidad física y otras tantas que, sin tenerla reconocida, cuentan con una movilidad reducida, esperan un ejercicio de responsabilidad política que elimine cualquier uso partidista de esta situación, que tanto discrimina y aísla a las personas”.

Cerca del 80% de los municipios consultados por Famma "no cuenta con un plan de accesibilidad, ni ha hecho un diagnóstico sobre los costes que pueden suponer llevar a cabo una planificación de trabajo en ese sentido, a corto o medio plazo; una situación que pone en evidencia la poca importancia que para algunos ayuntamientos supone la eliminación de barreras. También desconocen el volumen de personas con discapacidad que viven en sus municipios".

“Es el momento de que la política madrileña demuestre si quiere estar del lado de los más débiles y excluidos por las múltiples barreras que se encuentran cada día para vivir con dignidad”, aseveró Font.

Para que el Pacto Local para la Accesibilidad sea una realidad, Famma ha elaborado un documento que remitirá a todos los ayuntamientos para facilitarles el trabajo. Dicho documento requiere que los ayuntamientos asuman políticas de control sobre la eliminación de barreras o sobre la creación de estas, la puesta en marcha de Agencias de Accesibilidad, que pasa por la reordenación interna de los departamentos implicados, la creación de una ordenanza municipal con su régimen sancionador, así como el establecimiento de protocolos de actuación para la gestión de denuncias, entre otras cuestiones.

“Los ayuntamientos que pertenecen a la Comunidad de Madrid no pueden permitirse que sus espacios sean hostiles con sus ciudadanos, pues también rechazan a quienes vienen de fuera a visitar nuestra región, ya sean de otras provincias o de otros países. Hay que trabajar en hacer las ciudades más amables para todos”, concluyó Font, quien volvió a denunciar que "el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras no hace un trabajo diligente para controlar que los ayuntamientos apliquen la Ley de Accesibilidad y tan siquiera reclama a dichos ayuntamientos las aportaciones económicas que por ley tienen que destinar anualmente estos para eliminar barreras".