El informe asegura que "las quejas en materia de salud mental recogen frecuentemente la impotencia de los familiares de pacientes con enfermedad mental, o afectados por algún tipo de trastorno, ante situaciones de difícil manejo en el ámbito doméstico, en las que se pone de manifiesto la falta de apoyo de las administraciones competentes".

Sin embargo, también subraya que hay situaciones, "especialmente cuando afectan a mayores de edad, y sin un diagnóstico inicial, que suponen un gran reto para todas las partes implicadas, dado el imprescindible respeto al principio de autonomía de la voluntad del paciente que debe presidir cualquier intervención, recayendo en la autoridad judicial, en último extremo, la adopción de medidas forzosas".

El ingreso involuntario urgente de pacientes psiquiátricos, remarca el informe del Defensor, "debe contar siempre con todas las garantías legales, carga que recae inicialmente sobre los servicios hospitalarios, que han de comunicar rápidamente la medida al juzgado".