Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación se inició el pasado mes de mayo a raíz de las denuncias interpuestas por dos ciudadanos peruanos que afirmaban haber sufrido el hurto de su documentación.

A partir de aquí, los agentes de Extranjería se hicieron cargo de las pesquisas y pronto constataron la existencia de dos falsificadores, uno de nacionalidad peruana y otro español, este último presunto cabecilla de la organización.

Con esta información, los policías montaron el dispositivo de vigilancia y seguimiento oportuno para la identificación y localización de todos los implicados en los hechos investigados, así como la intervención del material falsificado utilizado por el cabecilla.

A medida que avanzaban las indagaciones, los investigadores lograron definir el "modus operandi" utilizado por los miembros de esta banda. Así, el principal cabecilla de la organización obtenía la documentación original que previamente había sido sustraída por un carterista.

A continuación, esta documentación se enviaba a la ciudad de Lima (Perú) junto con las fotografías y datos de filiación de personas con antecedentes afincadas en Madrid.

La documentación, tras ser manipulada en la capital peruana, regresaba de nuevo a España a través de una empresa de paquetería para su posterior distribución entre los clientes, que proporcionaban sus fotos y datos personales.

De esta forma, estas personas conseguían burlar los controles policiales, ya que muchos de ellos contaban con antecedentes que les prohibían entrar y salir de España libremente. En otras ocasiones, uno de los fines de estos documentos falsificados era facilitar la entrada ilegal a ciudadanos de todas las nacionalidades, fundamentalmente sudamericanas.

Entre la documentación falsificada se encontraban pasaportes, tarjetas de residencia y permisos de conducir. De hecho, esta organización falsificaba "a la carta" es decir, atendía las solicitudes de sus clientes para falsear cualquier tipo de documento a cambio de una cantidad de dinero que podía oscilar entre los 1.000 y los 2.000 euros.

Una vez que los miembros de la organización fueron localizados, los investigadores detuvieron a 13 de sus integrantes, con edades comprendidas entre los 19 y los 60 años y a los que se les requisaron varios pasaportes, tarjetas de residencia y permisos de conducir falsificados, además de teléfonos móviles y dinero en efectivo.