El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Ley de Evaluación Ambiental supone la transposición al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental, aprobada en 2014.

Méndez de Vigo indicó que esa transposición implica “un refuerzo del actual enfoque de la evaluación ambiental como instrumento preventivo” frente a las amenazas y los desafíos ambientales que han surgido en los últimos años.

Como novedades más destacadas, la norma establece la obligación de tomar en consideración la vulnerabilidad de los proyectos ante el riesgo de accidentes graves o catástrofes, como inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, entre otros.

Asimismo, se prevé la integración o coordinación de los procesos de evaluación de impacto ambiental con los procedimientos ambientales previstos en otra normativa, como en materia de biodiversidad, aguas, emisiones industriales o residuos.

Y se potencia la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental, priorizando la utilización de medios electrónicos con el fin de poder garantizar la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento.

Por otro lado, Méndez de Vigo subrayó que el proyecto de ley también modifica la Ley de Montes con el fin de regular los caminos naturales, de acuerdo con una sentencia emitida el año pasado por el Tribunal Constitucional, que estima parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Andalucía.

Además, modifica la Ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para definir con mayor precisión las especialidades del régimen sancionador previsto en esa norma.