Puig protagonizó la clausura del Foro de las Autonomías, organizado por el Instituto de Derecho Público de Barcelona en el Senado, y defendió su propuesta de reforma de la Constitución invistiéndose en el espíritu de la Ilustración, “razón y reformas”, que considera necesarias para “superar el atasco” de un Estado autonómico que dio por “agotado”.

El presidente valenciano situó la Constitución como punto de partida, alabó su reconocimiento de las “especificidades territoriales” y su liberación de “corsés centralistas”, pero reclamó que un pueblo siempre tiende derecho a reformar su norma máxima y que “ninguna generación puede imponer sus leyes a generaciones futuras”. En su opinión, “es pertinente y es urgente la reforma constitucional”, y las comunidades autónomas tienen que tener su propia voz, porque “el legítimo y esencial debate entre partidos no pude sustituir el debate desde las instituciones”. Más tarde llegó a decir que “demasiadas veces los partidos han expropiado las instituciones”.

Puig aseguró que las resistencias a cambiar la Constitución “tienen poco que ver con el espíritu constitucional” y que el inmovilismo denota una actitud derrotista, y defendió la reforma ya aprobada por el Gobierno valenciano, que apuesta por incluir explicitamente la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la corrupción, la integración en la UE, la cooperación internacional al desarrollo, el conocimiento científico, la alfabetización tecnológica, el acceso a la salud universal, la renta básica, la proporcionalidad del sistema electoral y facilitar la transparencia y la rendición de cuentas.

También defendió su propuesta para “superar veleidades recentralizadoras” como la intervención en comunidades y ayuntamientos mediante sus finanzas o recursos al TC, y sustituir “la España radial” por otra más abierta. Según dijo, la recentralización sería “un paso atrás inaceptable” cuando el autogobierno ha sido “esencial para el desarrollo económico y social” de las comunidades y “lo seguirá siendo”.

Puig ve en el Estado autonómico “importantes deficiencias”, como las duplicidades, la falta de recursos para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan, cifrando en 728 euros la inversión por habitante entre unas comunidades de régimen común y la valenciana, y para prevenir las “deslealtades institucionales” y los “conflictos estériles”, porque los cauces para los acuerdos entre administraciones deberían estar en el Senado y éste no está cumpliendo su función.

FInalmente, abogó por promocionar todas las lenguas cooficiales en el conjunto de España y no dejar su defensa a los “nacionalismos excluyentes, por hacer del Senado la cámara de primera lectura en los debates territoriales, por acabar con el monopolio que tiene el Gobierno central de la convocatoria, agenda y mayoría de voto en la Conferencia de Presidentes y por dar a las comunidades capacidad de interlocución con la UE, porque “todos somos Estado”.

El presidente valenciano terminó postulando que la reforma de la Constitución “puede ser una gran oportunidad”, en la que cree que hay margen para el consenso, e interpretó que cualquier reforma que aumente la igualdad “siempre es preferible a la parálisis”, por lo que llamó a acometerla “sin certezas dogmáticas y sin maniqueísmos”