Además, en una comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Baja, Marín Quemada explicó que su labor ha permitido desmontar 29 cárteles y que las actuaciones en defensa de la competencia generan para el consumidor unos beneficios de cerca de 600 millones anuales.

En cuanto a 2017, detalló que se resolvieron 22 expedientes sancionadores por conductas contrarias a la competencia, de los cuales 7 concluyeron con la existencia de infracción, imponiéndose multas por un importe de 138 millones de euros.

En relación con la actividad inspectora, señaló que se realizaron el año pasado 8 inspecciones en 30 empresas y se abrieron 11 expedientes sancionadores en sectores tales como baterías de automoción, estibadores, infraestructuras ferroviarias, tabacos, edición de libros o laboratorios farmacéuticos.

De hecho, se refirió a la sanción a cuatro entidades financieras por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones alejadas del mercado, por un importe conjunto de más de 90 millones de euros, que surgió de una investigación abierta en 2017.

Asimismo, anunció que el trabajo de investigación realizado en 2017 se traducirá en nuevas resoluciones a lo largo de este año, como es el caso de los expedientes incoados en el sector de la estiba.

AUTOCRÍTICA

Por otro lado, Marín Quemada se refirió a los casos en que las sanciones de la CNMC han sido cuestionadas en su revisión jurisdiccional, algo en lo que admitió que “no puede rehuir un ejercicio de autocrítica”.

En esta línea, aseguró que toma “buena nota de la jurisprudencia que vaya elaborando el Tribunal Supremo, que pasamos a incorporar en nuestros análisis, y de las razones, en muchas ocasiones procedimentales, por las que la Audiencia se ha pronunciado de forma desfavorable”.

En todo caso, valoró que más del 85% de las sentencias del Tribunal Supremo en 2017 han confirmado el fondo de sus resoluciones. Para evitar estos conflictos con los tribunales, explicó que su Plan de Actuación para 2018 incorpora iniciativas en las fases de instrucción, resolución y revisión ante la justicia, como fortalecer la investigación de oficio.

Para ello, prevé la creación de una unidad de inteligencia económica que utilizará técnicas de tratamiento de datos de licitaciones públicas, y en otros sectores, para detectar potenciales casos de colusión.

Adicionalmente, va a asignar más recursos a la Asesoría Jurídica y a las unidades de instrucción, con el fin de reforzar la solidez jurídica tanto de las propuestas como de las resoluciones y facilitar con ello su revisión en los tribunales.

Paralelamente, indicó que la CNMC ha reforzado la coordinación con la Abogacía del Estado en los procedimientos judiciales, introduciendo un papel más activo de los técnicos del organismo en la revisión de los casos más complejos.

Por último, mostró su malestar por el conflicto con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tanto por cuestiones vinculadas con los peajes energéticos como con el desarrollo del espectro radiológico, así como con el Ministerio de Fomento, por las dificultades que introduce para la apertura del mercado ferroviario español.