Esa querella fue presentada por la coalición junto a otras asociaciones y la investigación "sigue avanzando a buen ritmo" en la Audiencia Nacional. A juicio del abogado de la coalición Enrique Santiago, esa querella ha permitido visualizar cómo esos papeles no son un fenómeno aislado sino que tienen vinculación directa con "la impuesta liberalización de los mercados, la ausencia de normas reguladoras o la ‘burbuja inmobiliaria’ que trajo como resultados desahucios, despidos y recortes".

La coalición denuncia la existencia en el PP de una "organización criminal, una ‘organización ilícita’ en términos judiciales, con un plan criminal muy definido y desarrollado en el tiempo", que es lo que la querella trata de sacar a la luz.

Subrayó, por ejemplo, cómo en 2013 Bárcenas "confirmó la existencia de una denominada ‘Comisión de Infraestructuras’, de la que formaban parte los donantes del PP y técnicos de este partido. Allí se decidían los grandes contratos de las obras públicas que se iban a aprobar en este país, fueran necesarias o no. Luego los donantes pagaban y financiaban las campañas electorales". "Esto no ha dejado de funcionar", recordó que dijo Bárcenas al juez instructor.

En opinión de Santiago, el Código Penal "es claramente de clase, para quienes creen que las clases sociales han dejado de existir", ya que la pena más grave, aplicada en su grado máximo, por los doce delitos de los que se acusa en esta causa no excede los seis años de prisión. Además, ha sido la acusación popular la que ha tenido que "suplir" la labor de la Fiscalía.

Sira Rego aseguró que la coalición pretende "abrir un debate sobre la legitimidad y la legalidad" porque hay relaciones económicas y políticas "que son legales, pero no legítimas", una situación que es "mucho más fácil que ocurra en partidos que tienen la corrupción estructural en su seno, como el Partido Popular, y nuestra querella lo quiere poner de manifiesto".