La iniciativa, que se aprobó con 22 votos a favor y 14 abstenciones, viene motivada por el hecho de que el pasado 4 de diciembre finalizó el plazo por el cual se establecía que todos los medios y servicios deberían ser accesibles para las personas con discapacidad una vez se alcanzase esa fecha.

La iniciativa, defendida por el diputado socialista Joan Ruiz, pide al Gobierno que elabore un calendario que señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los próximos meses, en todos los ámbitos, para dar cumplimiento a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de todos los espacios, productos y servicios que sean competencia de la Administración General del Estado, con el horizonte máximo de un año.

Asimismo, solicita que se dote en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a financiar las actuaciones necesarias para cumplir con los compromisos derivados de dicho calendario y que se cree un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal por el cual, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1% se destine a la accesibilidad física y tecnológica de las administraciones públicas.

Ruiz lamentó que al Gobierno “se le llena la boca de decir que hay que cumplir las leyes”, pero no lo tiene en mente a la hora de “cumplir los compromisos” de accesibilidad. En este sentido, lamentó que el Ejecutivo ha vetado la tramitación de una proposición de ley de su partido en el Congreso para crear un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal alegando que supondría un aumento de los créditos presupuestarios que cifra en 75 millones de euros.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Diego Clemente mostró su apoyo a la iniciativa, porque su texto es “perfectamente asumible”, aunque la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Teresa Arévalo le afeó que “el PP con el apoyo de Ciudadanos vetó nuestra ley (que defendía lo mismo que la ley socialista también vetada) al considerar que este gasto no se puede asumir”.

ACCESO A LA CULTURA

Además, la comisión voto favorablemente a una proposición no de ley de Unidos Podemos que reclama al Ejecutivo que aborde “con urgencia” las actuaciones que garanticen que “las instalaciones y los servicios prestados por la Biblioteca Nacional sean accesibles a las personas con diversidad funcional”.

En este sentido, Arévalo criticó que una persona con discapacidad "depende sí o sí de otra persona para investigar en las mismas condiciones que el resto” y Clemente criticó que “en casa del herrero, cuchillo de palo”, en alusión a las deficiencias que hay en el Congreso de los Diputados en cuanto a accesibilidad.

Por último, se aprobó también un texto transaccional por el que la Cámara Baja insta al Gobierno a “mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de las personas con discapacidad, promoviendo, para ello, la elaboración de un Plan de Accesibilidad a los Centros y Servicios Sanitarios, que contará con dotación económica suficiente en los Presupuestos de las administraciones competentes”.