Sólo en el momento en el que se dicte auto de procesamiento, que pone fin a la etapa de instrucción y propone sentar en el banquillo a los imputados contra los que haya suficientes pruebas, el ministerio público hará esa solicitud para el expresidente; para los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret Aleu, y para la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza.

Por otra parte, la Fiscalía del Supremo ha informado negativamente sobre la petición de libertad provisional solicitada por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y para el exconseller de Interior Joaquim Forn.

La Fiscalía entiende es procedente mantener la situación de prisión provisional de los solicitantes, sin perjuicio de que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se respete el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad durante el procedimiento que garantiza el artículo 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por tanto, no se descarta que se considere la revisión periódica de la medida cautelar adoptada, para valorar si persisten los indicios racionales de que los imputados cometieran los hechos delictivos y los motivos suficientes que justificaron la adopción de la medida de prisión provisional, si las circunstancias lo aconsejan.