Greenpeace afirmó este lunes que esa empresa maderera brasileña está “directamente relacionada con la masacre de Colniza (Brasil), donde nueve personas fueron asesinadas el 20 de abril de 2017”. El principal sospechoso de ordenar esa matanza, Valdelir Joao de Souza, está actualmente huido de la justicia y es un industrial del negocio de la explotación forestal y copropietario de Madeiras Cedroarana, que ha sido multada reiteradamente por la máxima autoridad ambiental de Brasil, el Ibama, por comerciar con madera ilegal.

“Esta madera no debería haber entrado en un puerto europeo. Exigimos a la Xunta de Galicia que no eluda su responsabilidad y haga su trabajo: establecer controles a los importadores de madera para evitar que la madera ilegal y la procedente de situaciones de violencia entre en el mercado europeo”, señaló Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España, quien añadió: “Y debe empezar por este caso de un posible cargamento de madera de sangre del que les alertamos hace ya más de un mes”.

Según fuentes de Greenpeace, el agente internacional que realizó la operación comercial con destino al puerto de Vigo es la empresa Global Gold Forest Lda (GWP), representada en España por Atlantic Timber Agency -miembro de la Asociación Española de Industria y Comercio de la Madera (AEIM)-, ambas con sede en la misma dirección postal de Marín (Pontevedra).

NORMATIVA EUROPEA

Por otro lado, Greenpeace indicó que las amenazas a las poblaciones indígenas, la degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento del cambio climático son algunas de las consecuencias de la tala ilegal, cuyo comercio está prohibido desde 2013 en la UE.

Las empresas que importan madera están obligadas a cumplir el Reglamento de la UE relativo a la comercialización de la madera (EUTR, por sus siglas en inglés), según el cual deben disponer de un procedimiento interno que analice y minimice los riesgos de comerciar con madera de origen ilegal.

Un reciente informe de Greenpeace denunció la “inacción” y la “desidia” de las administraciones españolas para aplicar la regulación europea de comercio de madera, lo que ha contribuido a que reine la impunidad en el sector de importadores de productos forestales.

La organización ecologista exigió a las autoridades competentes de los países importadores que investiguen a las empresas denunciadas y tomen las medidas adecuadas. Además, pidió al Gobierno de Brasil que mejore la gobernanza y el sistema de aplicación que garantiza que la madera amazónica sea extraída sólo de acuerdo con las leyes vigentes y con pleno respeto de los derechos legales de los pueblos tradicionales en relación con el uso y la posesión de los bosques.

Además, Greenpeace ha puesto en marcha una recogida de firmas donde solicita la colaboración de la ciudadanía para exigir a la Xunta de Galicia que asuma su obligación y establezca inmediatamente un calendario de controles a los importadores de madera, empezando por los señalados en sus denuncias. Y que, llegado el caso, establezca medidas correctivas y sancionadoras a estas empresas.