Granados hizo estas declaraciones en la Audiencia Nacional el pasado 12 de febrero en una declaración voluntaria ante el juez instructor del `casi Púnica´. Tras su difusión a través de medios de comunicación, Cifuentes presentó una querella en su contra por delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias.

El escrito de querella ponía de relieve que lo que se había producido "no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria".

Granados hizo estas afirmaciones ante el juez sin aportar pruebas. Cifuentes ha emprendido estas acciones legales sin contar con los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y está representada por letrados ajenos a la Administración.