Asimismo, en una nota de prensa, Abad lamenta “el escaso interés que tienen las comunidades autónomas en la reincorporación de los beneficiarios al mercado de trabajo aprovechando el 1% del total de lo recaudado para este fin”, que asciende a algo más de 1,3 millones de euros este año y acumula unos 9 millones de euros desde que el CATA comenzó a funcionar.

En 2017, el cese de actividad de los autónomos recaudó, según lo presupuestado por la Seguridad Social, 132,5 millones de euros y ha pagado en prestaciones poco más de 16,5 millones.

En el ejercicio 2017 las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social gestionaron el 93% de las solicitudes, 3.678, siendo favorables el 46,1% de las mismas, 1.523 de un total de 3.310 que estaban resueltas a final del ejercicio.

En términos totales se redujo el número de solicitudes con respecto al del año anterior en un 14,03 %. De todas las peticiones se desestimaron por parte de los interesados o por razones formales un total de 156, lo que dejó la cifra final en 3.522.

De todas las solicitudes fueron denegadas 1.787, es decir, un 53,99% de las registradas, en la mayoría de las ocasiones por no acreditar correctamente el cese de actividad, en particular cuando se trata de causas económicas para las que el reglamento no establece un sistema claro y fácil de justificar por parte de los solicitantes.

El importe medio de la prestación fue de 720 euros y la duración media de la misma es de algo más de nueve meses, con lo que el importe medio de la prestación más la cotización se ha situado en 1.042,46 euros.

Por lo que se refiere a la formación para la reincorporación de los beneficiarios, la ley especifica que el 1% de la recaudación debe ir dirigida a este fin y que la competencia corresponde a los servicios de empleo autonómicos.

Abad lamenta que “ninguna comunidad autónoma ha solicitado al Ministerio de Empleo que les transfieran las cantidades económicas correspondientes”.