El Ministerio Público ha presentado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un escrito en el que le pide que rechace tanto la puesta en libertad para poder gobernar Cataluña en caso de ser investido, como el permiso para acudir al Pleno del lunes, por entender que el riesgo de reiteración delictiva en su caso es "mayúsculo".

La defensa de Sànchez hizo una primera petición en la que solicitaba a Llarena su puesta en libertad para acudir al Pleno del Parlament, pero como el juez dio un plazo de cinco días a las acusaciones para que informen al respecto, plazo que termina el mismo día del Pleno, su abogado le remitió un segundo escrito en el que le pedía permiso para salir sólo el día 12.

Además, el presidente del Parlament, Roger Torrent, pidió también por escrito al juez que autorizara a Jordi Sànchez a acudir al Pleno y le instaba a tomar "todos los acuerdos que sean necesarios" para que el diputado de JxCat pueda estar presente en el debate sobre su candidatura de la Presidencia de la Generalitat.

El Ministerio Público, que aprecia riesgo de reiteración delictiva, considera que el avance de la investigación no solo ha puesto de manifiesto la participación de Sànchez en el asedio del 20 de septiembre a la sede de la Consejería de Economía, sino su papel decisivo a la hora de organizar incluso las barreras de oposición a la posible intervención policial, unas barreras que pasarían por poner en primera fila a personas más vulnerables y a continuación a expertos en resistencia policial.

Según el escrito de la Fiscalía, los datos recabados durante la investigación apuntan a la “plena participación en la construcción del proceso independentista, celebración del referéndum y declaración unilateral de independencia, que necesariamente pasaba por las movilizaciones ciudadanas como medio de expresión violento que inutilizara la acción judicial y policial”.

Entiende, además, que fue “el actor principal” de las movilizaciones multitudinarias, que le vinculan “con la violencia”. Le responsabiliza de masivas movilizaciones a lo largo de 2016 y 2017, culminando con la concentración de cerca de 60.000 personas ante la Consejería de Economía el pasado 20 septiembre, “impidiendo la salida de la comitiva judicial durante horas”.

La Fiscalía cita comunicaciones de Sànchez en las que explica que ha tenido “una entrevista con un experto en resistencia policial” que le indicó cómo organizar una resistencia pasiva en las protestas y sugería recabar la ayuda para ello de bomberos, Guardia Urbana, Mossos e incluso jubilados. El ministerio público cree que estas tácticas se pusieron en práctica en 118 colegios electorales.

PERMISO EXTRAORDINARIO

En relación al permiso puntual para poder asistir al Pleno del lunes, la Fiscalía recuerda que Sànchez pudo concurrir a las elecciones autonómicas de 21 de diciembre de 2017, pudo votar, resultó elegido y ha adquirido la condición de parlamentario. Además, recuerda que se le ha permitido la delegación de voto para hacer efectivo su derecho parlamentario, por lo que “queda resguardado el contenido mínimo o esencial de su derecho a participar en los asuntos públicos”.

El ministerio público entiende que un permiso extraordinario como el que invoca el investigado debe ser restrictivo y estar sustentado por “importantes y comprobados motivos” de “análoga naturaleza” al fallecimiento o enfermedad grave de un pariente o al parto de la pareja. En ese sentido, dice la Fiscalía, los motivos para conceder este tipo de permiso “no guardan relación con el derecho a participar en funciones públicas”.

El juez Llarena no decidirá hasta la próxima semana sobre el primero de los escritos presentado por Sànchez, que le solicitó su puesta en libertad mientras se resuelve el recurso de amparo por circunstancias sobrevenidas, tras su candidatura a presidir la Generalitat.

El Tribunal Constitucional rechazó el pasado miércoles una petición idéntica del candidato, que debe contar con ese permiso para asistir a la sesión de investidura en el Parlament señalada precisamente para el lunes. El TC estableció que para poder ser investido es necesaria la presencia física del candidato en la Cámara.

Sànchez sostiene que no concederle la libertad e impedirle estar en la investidura supondría vulnerar “sus derechos como diputado del Parlament y los derechos de los ciudadanos que votaron a la opción política que le propone como candidato a presidir la Generalitat”. El TC insiste en que hay “reiterada jurisprudencia constitucional” para no acordar la suspensión de las medidas privativas de libertad aunque éstas afecten de forma directa al derecho fundamental a la libertad personal

Llarena dio ese mismo miércoles un plazo de cinco días para resolver sobre la petición de libertad formulada por la defensa. De facto, el hecho de haber abierto este plazo cierra la puerta a la posible presencia de Sánchez en el Parlament, puesto que se cumple justo el día en el que está convocado el Pleno. En ese plazo, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox tienen que entregar sus informes sobre la petición de libertad. Pero entre tanto, el juez probablemente tomará una decisión este mismo viernes sobre la salida de Sànchez el lunes.

Tanto el juez como la Sala de Apelaciones del Supremo ya rechazaron anteriormente la excarcelación de Sànchez, reconociendo su derecho a la participación política, pero advirtiendo de que el respeto a ese derecho no puede dañar los objetivos de la investigación, por lo que deberá ejercerlo mediante voto delegado.