El Ministerio Público ha presentado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un escrito en el que le pide que rechace tanto la puesta en libertad para poder gobernar Cataluña en caso de ser investido como el permiso para acudir al Pleno del lunes, por entender que el riesgo de reiteración delictiva en su caso es "mayúsculo".

La defensa de Sànchez hizo una primera petición en la que solicitaba a Llarena su puesta en libertad para acudir al Pleno del Parlament, pero como el juez dio un plazo de cinco días a las acusaciones para que informen al respecto, plazo que termina el mismo día del Pleno, su abogado le remitió un segundo escrito en el que le pedía permiso para salir sólo el día 12.

Además, el presidente del Parlament, Roger Torrent, pidió también por escrito al juez que autorizara a Jordi Sànchez a acudir al Pleno y le instaba a tomar "todos los acuerdos que sean necesarios" para que el diputado de JxCat pueda estar presente en el debate sobre su candidatura a la Presidencia de la Generalitat.

El juez del Tribunal Supremo que instruye el caso de `procés´ en Cataluña, Pablo Llarena, no decidirá hasta la próxima semana sobre el primero de los escritos presentado por Sánchez, que le solicitó su puesta en libertad mientras se resuelve el recurso de amparo por circunstancias sobrevenidas, tras su candidatura a presidir la Generalitat.

El Tribunal Constitucional rechazó el pasado miércoles una petición idéntica del candidato, que debe contar con ese permiso para asistir a la sesión de investidura en el Parlament señalada precisamente para el lunes. El TC estableció que para poder ser investido es necesaria la presencia física del candidato en la Cámara.

Sànchez sostiene que no concederle la libertad e impedirle estar en la investidura supondría vulnerar “sus derechos como diputado del Parlament y los derechos de los ciudadanos que votaron a la opción política que le propone como candidato a presidir la Generalitat”. El TC insiste en que hay “reiterada jurisprudencia constitucional” para no acordar la suspensión de las medidas privativas de libertad aunque éstas afecten de forma directa al derecho fundamental a la libertad personal

Llarena dio ese mismo miércoles un plazo de cinco días para resolver sobre la petición de libertad formulada por la defensa. De facto, el hecho de haber abierto este plazo cierra la puerta a la posible presencia de Sànchez en el Parlament, puesto que se cumple justo el día en el que está convocado el Pleno. En ese plazo, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox tienen que entregar sus informes sobre la petición de libertad. Pero entre tanto, el juez probablemente tomará una decisión este mismo viernes sobre la salida de Sànchez el lunes.

Tanto el juez como la Sala de Apelaciones del Supremo ya rechazaron anteriormente la excarcelación de Sánchez, reconociendo su derecho a la participación política, pero advirtiendo de que el respeto a ese derecho no puede dañar los objetivos de la investigación, por lo que deberá ejercerlo mediante voto delegado.