La magistrada rechazó así la petición hecha por la Fiscalía, que había solicitado libertad bajo fianza de 100.000 euros a ingresar en un plazo de 10 días, el establecimiento de comparecencias quincenales y la prohibición de salida de España, por un elevado riesgo de fuga y de reiteración delictiva a la vista de la reciente fuga de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel a Suiza y de la persistencia de su partido en investir a un preso con la intención de perpetuar el `procés´.

El ministerio público considera que Soler es responsable político de los Mossos y por tanto forma parte de su cúpula de mando, lo cual es especialmente relevante en los hechos investigados. El fiscal hizo hincapié en la posición públicamente expresada por el exdirector a favor del referéndum, que le comunicó incluso al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, “incitándoles tácitamente”, al menos, a no impedir el referéndum, aunque no consta que le pidiera incumplir las órdenes judiciales.

A juicio de la Fiscalía, Soler asumió en todo momento que el referéndum se iba a celebrar pese a la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional. Además, impulsó la iniciativa de revisar las actas de la actuación de los Mossos con la intención de dar la apariencia de que hubo actuaciones para evitar el referéndum y eludir así imputaciones penales.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le había citado hoy a declarar como investigado, al igual que al exsecretario general de Interior César Puig i Casañas. Soler comenzó a declarar a las 9.10 horas. Los dos investigados aseguraron que ellos no eran los encargados de dirigir las operaciones policiales. En concreto, Puig insistió en que sólo se ocupaba de tareas presupuestarias y técnicas, sin mando sobre los dispositivos operativos.

Ambos están imputados en la misma causa abierta por Carmen Lamela contra el exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, y la intendente del cuerpo Teresa Laplana. La magistrada atendía así la petición de la Fiscalía, que pidió su imputación por los mismos delitos que atribuye a Trapero y a la intendente.

Según la Fiscalía, Soler sería el responsable de ejecutar el plan diseñado por las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural para alcanzar la independencia de Cataluña. Él y Puig serían los "responsables políticos" que dieron a los Mossos los criterios sobre cómo debían actuar tanto en el asedio de la sede de Economía de la Generalitat, mientras estaba siendo registrada por orden judicial, como durante la jornada del referéndum. El ministerio público cree, además, que Soler formaba parte del comité estratégico que diseñó la hoja de ruta hacia la independencia.

Soler reconoció que recibió informes sobre la situación y criterios sobre las pautas de actuación de los Mossos, suficientes para poder anticipar lo que iba a ocurrir en los colegios el día de la votación y en las jornadas anteriores.