Sańchez Melgar se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia del Congreso, donde comparece esta mañana para dar cuenta de las memorias de su institución correspondientes a a 2016 y 2017.

Durante su intervención, el fiscal se refirió a la acotación de los plazos de instrucción, que entró en vigor en diciembre de 2015 y que clasifica las causas judiciales en simples, que deben tramitarse en un máximo de seis meses, y complejas, para las que hay hasta 18 meses. El paso de una a otra condición debe pedirlo el fiscal y decidirlo un juez.

A este respecto, Sánchez Melgar defendió que se acote la instrucción de los sumarios, debido a que hay que evitar que el tiempo de investigación "se convierta en una anticipación de juicio oral”, a lo que se suma “el derecho de las víctimas e investigados no puede quedar siempre en un limbo judicial”.

“EVITAR QUE LOS JUICIOS SE ETERNICEN”

Tras defender que “hay que evitar los juicios se eternicen”, el fiscal general dijo que en lo que discrepa es "el sistema diseñado para el control de los plazos procesales”, para lo cual planteó una “propuesta de reforma legislativa”.

Explicó que la modificación que plantea es “netamente técnica” y pasaría por “atribuir expresamente al juez de instrucción la competencia de oficio para determinar si una causa es simple o compleja”. A ello habría que sumar “un sistema de comunicación entre los letrados de la Administración de Justicia y los fiscales” para facilitar la tarea de estos últimos.

El responsable del Ministerio Público resaltó que las mejoras son necesarias porque en la actualidad "tanto el peso de la calificación de las causas en sencillas y complejas, como el control de los plazos se hace recaer casi exclusivamente sobre los hombros” de los fiscales, que paradójicamente no es el que dirige la investigación”.