Durante su comparecencia en la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico constituida en el Congreso de los Diputados, Rosell definió como “positiva” la evolución del desarrollo del Estado autonómico durante los últimos 40 años en España.

Indicó que este modelo territorial “no tenía precedentes en la historia de España”, con un traspaso de competencias “espectacular”, que “no se ha hecho en ningún país del mundo”.

Sin embargo, el responsable de la patronal española apuntó que hay un “gran desequilibrio” entre algunos artículos de la Constitución Española que contemplan el reparto de competencias entre comunidades autónomas y al mismo tiempo la reducción de “duplicidades y disparidades legislativas”.

En esta línea, Rosell lamentó que “las empresas y los ciudadanos estamos siendo cargados de una proliferación legislativa sin límites”, puesto que en la actualidad hay vigentes en España más de 160.000 normas. Esta realidad, dijo, supone un “coste importante para las empresas y los ciudadanos” y la burocracia administrativa “nos hace perder puntos de PIB”.

A esto sumó la “duplicidad de impuestos”, que, a juicio de CEOE, “dificulta el trabajo de las empresas, ahí tenemos un camino de mejora”. No obstante, aclaró que este es un “problema europeo”, porque “venimos de legislaciones muy antiguas que se tienen que adaptar a la realidad”.

Por ello, instó a una reforma del Estado autonómico en la que “las fronteras deben desaparecer” en España y con los países europeos y que “a largo plazo seamos todos capaces de ver el futuro con mayor amplitud de miras y hacer reformas; es una oportunidad”.

REFORMA "PROFUNDA"

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, pidió un modelo territorial que “refuerce los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa”, para lograr una mejora de la competitividad.

Según Garamendi, se trata de “alcanzar una normalización política y social y conseguir una economía estable, eficiente y abierta”. A este respecto, el presidente de la patronal de las pymes añadió que es necesaria una “evaluación y modernización a través de una reforma profunda de las administraciones públicas para mejorar su coordinación y evitar que el entramado institucional se convierta en una carga que reste competitividad”.

“Las perspectivas de crecimiento empresarial, empleo y rentas del país solo se mantendrán si perseveramos en una transformación estructural de nuestra economía que no está ni finalizada ni mucho menos garantizada si no se afrontan nuevas reformas”, consideró.

De cara a estas reformas, Cepyme señaló entre sus propuestas eliminar las duplicidades legislativas, implementar un sistema efectivo de simplificación y reducción de cargas administrativas, continuar el proceso de racionalización y eficiencia de las empresas públicas o crear una base de datos única para volcar la legislación vigente de cada área. Este impulso reformista “es no solo posible, sino muy necesario”, a juicio de Garamendi.