Las negociaciones están en manos de los diputados Txuki Benegas, por el PSOE, y Juan Carlos Vera, por el PP, y dejan fuera al resto de partidos del arco parlamentario, que han expresado ya reticencias sobre el contenido de ese acuerdo.

Según fuentes del PP, los trabajos siguen a buen ritmo y podrían estar ultimados en los próximos días, de manera que la reforma pueda estar en vigor con antelación suficiente a las elecciones.

Parece claro que la reforma electoral se articulará en torno a dos iniciativas diferentes, una relativa al voto emigrante, medidas contra el transfuguismo y regulación de la campaña en las televisiones privadas, que es apoyada prácticamente por todos los partidos, y otra relativa a la exclusión de Batasuna y su entorno de las elecciones muncipales.

Entre las medidas que están barajando está la posibilidad de anular una lista de un partido legal que acoja a candidatos ligados a actividades ilegales, gracias a la figura de la "incompatibilidad sobrevenida" para cargos electos en ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales.

En ese caso, los afectados por la exclusión deberán optar entre la renuncia a su cargo o "el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad", lo que en definitiva significaría que tendrían que condenar de manera expresa el terrorismo.

También se estudia permitir que la Fiscalía o el Abogado del Estado presenten recurso contra la candidatura contaminada hasta una semana antes de las elecciones. Ahora sólo se puede hacer hasta el comienzo oficial de la campaña electoral.