El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Ejecutivo regional en julio del pasado año, especifica el tipo de espectáculos y actividades que quedarán afectados por la nueva regulación del derecho de admisión, así como las funciones del control de accesos, quiénes podrán ejercer esta tarea y los requisitos necesarios para desempeñarla, y se completa con un régimen sancionador.

El objetivo de este proyecto es garantizar la protección de los usuarios de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, con el fin de evitar actuaciones arbitrarias, abusivas o improcedentes, así como situaciones conflictivas o violentas, según el acuerdo adoptado este viernes.