El TC estableció que la investidura del nuevo presidente de la Generalitat debía ser presencial y que cualquier candidato debía comparecer físicamente en el Parlament. Además, supeditaba la posible comparecencia de Puigdemont al permiso expreso del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa sobre el `procés´.

En sus alegaciones antes de tomar una decisión sobre la admisión a trámite, JxCat sostiene que el Constitucional vulnera la "autonomía" de la Cámara legislativa autonómica al poner condiciones a la posible investidura de Puigdemont. A su juicio, poner esos límites legislativa es "una clara extralimitación del ejercicio de la función de control de constitucionalidad". El TC advertía de que si se desoyen sus decisiones, podría haber consecuencias penales.

El Constitucional tomó este acuerdo en una reunión de urgencia celebrada un sábado, en la que sin llegar a admitir a trámite el recurso de la Abogacía del Estado, acordó una serie de medidas cautelares que se adoptaron por unanimidad, evitando la imagen de división del TC.