Según informa Competencia, dicha irregularidad consistiría en un acuerdo o recomendación colectiva mediante la elaboración, en el marco de su comité de distribuidores, de un informe con una propuesta de tarifas para las inspecciones periódicas de gas natural y su posterior remisión a las comunidades autónomas.

Las conductas analizadas tienen origen en una denuncia presentada por un particular, por una posible infracción de la normativa de competencia.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNC.